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Más abusos del trasporte público en la capital nayarita

Saludos estimados lectores. De verdad no debe de extrañarse nadie que los Nayaritas se sientan abrumados ante la nueva embestida de los permisionarios y choferes del transporte urbano de Tepic, al querer incrementar a ley de sus pistolas las tarifas oficiales.

Lo que en verdad debe de preocuparnos que las autoridades gubernamentales cedan una vez más ante las amenazas de los señores camioneros. Aunque nadie en su sano juicio se atreverá a apostar por quien de antemano se sabe que va a ser el perdedor (el pueblo)

Este asunto del transporte público no es desde luego un juego, pero así nos lo parece por la toma y daca que se da entre el gobierno y los camioneros. Pero en verdad es algo más, pues se trata de una actividad muy importante en la vida y quehacer de los Tepicences. En efecto, el hecho de que un muy importante porcentaje de la población Nayarita utiliza el transporte colectivo para sus actividades cotidianas, por lo cual debería ser, como fenómeno social, una cuestión prioritaria en el gobierno de la gente. Sin embargo, esto se ha vuelto un mal recurrente en la vida de los Nayaritas por la falta de una verdadera política de transporte terrestre, que quiéralo o no poco a poco se ha ido agravando hasta el punto que ahora se encuentra en una situación irreversible, ya que los trasportistas insisten en cobrar el servicio como si todos los camiones fueran del servicio premier, es decir, todos quieren cobrar la tarifa de seis pesos al público en general y tres pesos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los estudiantes, cuando solo están autorizados las carchas -que son la gran mayoría- a cobrar cinco pesos al público en general, dos pesos con cincuenta centavos a los de la tarifa preferencial (adultos mayores, personas con discapacidad y a estudiantes)

Por lo consiguiente, aquí es válido preguntarnos ¿a qué se debe este desorden que se ha convertido en un caos generalizado?, pues cada quien cobra lo que quiere. Los hechos y la historia misma nos demuestran que no se ha dado al problema el tratamiento adecuado, lo que ha permitido que esto se convierta en una crisis de incalculables consecuencias para el bolsillo de los Nayaritas.

Aquí debemos de dejar muy en claro que el transporte colectivo de pasajeros es un servicio público de carácter esencial y por lo mismo la Constitución le da el sustento legal necesario para que las autoridades tomen las medidas pertinentes a fin de que el servicio se preste en condiciones óptimas de eficiencia y calidad. Además, las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit configuran el marco regulador en el que las autoridades competentes pueden desenvolverse en forma apropiada.

Lo que se trata en realidad es de cumplir la ley. Así de sencillo, la mencionada ley de tránsito y transportes establece en principio que las líneas y rutas para la prestación del servicio de transporte colectivo son propiedad del Estado, las cuales serán entregadas en concesión; además dice, que tiene por objeto regular la autorización y establecimiento de rutas y frecuencias de la circulación del trasporte público; que toda persona a quien se haya autorizado para prestar el servicio de transporte colectivo está obligada a brindarlo en unidades que garanticen la seguridad de los usuarios; que la ejecución de la ley corresponde a la Dirección de Tránsito del Estado, que es el ente rector, coordinador y normativo de las políticas de transporte y responsable de ejecutar los programas, funciones y actividades del transporte terrestre, etc.

Todo este conjunto de atribuciones legales de la Dirección de Transito y Transportes lo facultan ampliamente para un desempeño eficiente de su trabajo. Entonces… ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Por qué no ordena el servicio y disciplina a los Camioneros?, jajaja, por la sencilla razón quela respuesta a estos sencillos cuestionamientos están condicionados por el oportunismo y la politiquería, es decir, la respuesta está alejada de toda consideración teórica y de una visión que se ajuste al Estado de Derecho. Los Permisionarios abusan de su posición dominante y cada vez que se presenta una coyuntura favorable la aprovechan para lograr un aumento arbitrario del precio del pasaje bajo la amenaza de hacer un paro. Sus nexos políticos o compadrazgos (y no me estoy refiriendo a Sáldate) los habilitan para ello y se evidencian en la propia comisión del transporte, la cual se ha mostrado dócil y sumisa, y en la actitud obsecuente y temerosa del gobierno que lo hace ceder fácilmente ante el chantaje que se manifiesta en variadas formas de presión y amenazas.

Para ello, -como ejemplo- recuerden mis estimados el último aumento a las tarifas bajo el argumento de que se iba a modernizar la flotilla total del transporte público en la capital Nayarita. Pero oh desilusión, la realidad solo fue un pretexto -valido o no- para aumentarnos las tarifas del servicio urbano, por lo que no lo duden que el nuevo pretexto para volver a incrementar la tarifa serán las anunciadas tarjetas de prepago, por lo que una mañana no muy lejana seguramente nos despertaremos con la mala noticia DE QUE SE AUMENTÓ LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN TEPIC. Ni hablar, una vez más el gran perdedor será sin duda alguna EL PUEBLO, pues este continuara como siempre a merced de los señores Permisionarios, pero eso si, con el visto bueno del Gobierno de la Gente vía comisión estatal del trasporte.

Ya para terminar, me gustaría que nos preguntáramos -y no es con el fin de amarrar navajas entre el  gobierno del estado y el ayuntamiento de Tepic-, pues verán, si la Constitución General de la República establece que el servicio público de transporte colectivo será responsabilidad del Municipio, entonces…¿Por qué los Alcaldes, en especifico, Polo Domínguez, porque no es parte de la comisión de trasporte?, lo pregunto, porque no hace mucho tiempo en el estado de Jalisco el Gobernador de esa entidad junto con la comisión de transporte decidieron aumentar la tarifa del trasporte público ¿pero que creen? un Alcalde se inconformo con esta medida argumentado que esa facultad le correspondía al ayuntamiento y no al gobierno. Total para no hacerles largo el cuento, solo les diré que el alcalde junto con la sociedad civil en un santiamén echaron para abajo el dichoso aumento.  

¿Cómo la ven?, Hasta la próxima mis amigos, nos seguiremos viendo.

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